JUAN MANUEL BELLVER / París
Corresponsal EL MUNDO 21/03/2014
Corresponsal EL MUNDO 21/03/2014
La Justicia francesa ha decidido acusar a Teodorín Nguema Obiang de blanqueo de capitales, dentro de la investigación por bienes mal adquiridos que instruye desde diciembre de 2010 el Tribunal de Grand Instance de París. «Ustedes no tienen jurisdicción para imputarme», les dijo al parecer el primogénito del presidente de Guinea Ecuatorial a los magistrados René Grouman y Roger Loire cuando estos le comunicaron por videoconferencia su imputación.
Según declaró a Afp, a la salida de la audiencia su abogado parisino, Emmanuel Marsigny, su cliente no reconoce la legalidad del tribunal y apelará para que prevalezca su inmunidad diplomática. El letrado subrayó que Teodorín «no intenta evitar a la Justicia», pero «era necesario que este primer interrogatorio se realizara en condiciones compatibles con las funciones que ejerce y con la inmunidad que le corresponde».
Así pues, el ministro de Agricultura de la ex colonia española respondió vía satélite a las preguntas de los jueces instructores galos, tras haber rechazado acudir a los despachos de la Oficina Central para la Represión de la Delincuencia Financiera (OCRDF). Y lo hizo para tratar de anular esa orden de busca y captura internacional.
A los 44 años, Teodorín Nguema Obiang Mangue es el primer imputado en una instrucción que responde a la denuncia presentada, en marzo de 2007, por Transparency International, Sherpa y otras ONG dedicadas a denunciar la corrupción, que pidieron a la Corte de París que inspeccionara las numerosas propiedades y cuentas corrientes que varios mandatarios africanos y sus familias tienen en suelo francés. Además del dirigente guineano, están en el punto de mira las familias del presidente de Gabón, Ali Bongo, y del presidente de la República del Congo, Denis Sassou N’Guesso.
La policía gala registró en febrero de 2012 los 5.000 metros cuadrados de la residencia parisina de Teodorín en la muy exclusiva avenida Foch y tardó 10 días en llenar tres grandes camiones con un total de 200 metros cúbicos de objetos cuyo valor estimado ronda los 30 millones de euros.
Tras comprobar la acumulación de riquezas del ministro de un país que figura en el puesto 43 entre los más pobres del planeta y donde más del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, los jueces Le Loire y Grouman decidieron solicitar la orden de arresto.
Entonces, el Gobierno de Guinea Ecuatorial anunció que dicha solicitud era una maniobra del Gobierno francés para provocar una desestabilización interna en su país. Pero los magistrados siguieron investigando, incluso fuera de las fronteras francesas, para confirmar que todas esas riquezas proceden del cobro de comisiones ilegales blanqueadas.
Entre los 10 testigos a los que han interrogado, hay uno francés, otro guineano y ocho españoles. Estos últimos son empresarios de Madrid y Barcelona que han explicado en la sede madrileña de la Fiscalía Anticorrupción cómo Teodorín les exigía pagos bajo cuerda para continuar con sus negocios de madera en Guinea Ecuatorial. Uno de ellos, Germán Pedro Tomo, lleva escolta policial por cuenta de la República Francesa desde que, en 2005, dos sicarios colombianos trataron de asesinarle.
Hasta cinco años de prisión podrían caerle a Teodorín si llega a ser hallado culpable por el Tribunal de París. Una pena que los jueces terminarían dejando en suspenso por la falta de antecedentes, pero que sentaría un precedente importante, ya que ningún dictador africano ha sido condenado por blanqueo en Europa.
